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Agencias federales de Estados Unidos anunciaron el 4 de agosto de 2026 el desmantelamiento de una red dedicada a la adquisición ilegal y el contrabando de armamento hacia organizaciones criminales en México, tras una investigación de dos años que culminó con la presentación de cargos criminales contra 28 personas. La operación fue coordinada bajo el amparo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).

Según un acta de acusación formal de 158 cargos devuelta por un gran jurado federal en Phoenix el 21 de julio de 2026, la red principal era encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de esa ciudad. El esquema operaba mediante el reclutamiento de intermediarios para comprar armas de fuego en establecimientos autorizados de Arizona, las cuales posteriormente eran trasladadas de forma clandestina a través de la frontera sur.