Ernesto Ruffo Appel dejó el penal del Altiplano tras dos meses y diez días. El exgobernador de Baja California continuará su proceso desde su domicilio en Ensenada, bajo vigilancia de la Guardia Nacional. Pero que quede claro: un cambio de medida cautelar no es una absolución.
Ruffo enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y delitos vinculados con el presunto huachicol fiscal. Según Zeta, la autoridad lo traslada por tierra hacia Mexicali antes de llevarlo a Ensenada.
La imagen política pesa: el hombre que gobernó Baja California vuelve al estado custodiado, mientras la investigación federal sigue abierta. Su defensa puede presentar la prisión domiciliaria como una victoria; sería un error venderla como si el caso hubiera terminado.
Ahora le toca a la Fiscalía probar sus acusaciones ante un juez. Y a Ruffo, defenderse de ellas. Porque detrás del traslado hay una pregunta mucho más grande que sigue sin respuesta judicial: ¿quiénes operaron el presunto contrabando de combustible y hasta dónde llegaba esa red?





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