Baja California Decide

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la existencia y activación de un mecanismo secreto de sanciones conocido informalmente como la “Marco List”, una lista negra que tiene como objetivo a 44 figuras políticas, administrativas y militares mexicanas por presuntos vínculos con cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales.

El nombre de la lista hace referencia al secretario de Estado, Marco Rubio, y se gestiona a través del Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Seguridad Nacional (HSI).

IMPLICACIONES LEGALES Y ACCIONES INMEDIATAS
La “Marco List” opera bajo la autoridad de leyes estadounidenses como el Patriot Act, la legislación de designación de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y los poderes de la OFAC, pero no está cubierta bajo ningún acuerdo binacional con México. Entre las principales medidas activadas destacan:
– Cancelación inmediata de visas, incluyendo a familiares de los sancionados.
– Detenciones e interrogatorios en la frontera.
– Congelación de cuentas bancarias y activos en Estados Unidos.
– Alertas confidenciales a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
– Prohibición permanente de relaciones comerciales con instituciones estadounidenses.

FUNCIONARIOS Y FIGURAS POLÍTICAS INVOLUCRADAS
Entre los nombres más destacados se encuentran gobernadores en funciones, exgobernadores y altos funcionarios del gobierno mexicano, principalmente del partido Morena, pero no exclusivamente:

GOBERNADORES ACTUALES:
– Layda Sansores (Campeche)
– Alfonso Durazo (Sonora)
– Rubén Rocha Moya (Sinaloa)
– Miguel Ángel Navarro (Nayarit)
– Américo Villarreal (Tamaulipas)
– Samuel García (Nuevo León)
– Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán)

EXGOBERNADORES Y LÍDERES:
– Enrique Alfaro (Jalisco)
– Ricardo Monreal Ávila (Senado)
– Adán Augusto López (Cámara de Diputados)

FUNCIONARIOS FEDERALES:
– Mario Delgado (Educación)
– Clara Luz Flores (Interior – Asuntos Religiosos)
– Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE)

MILITARES:
– Cuatro generales (activos y retirados) vinculados a operaciones conjuntas México-EE. UU.

ALCALDES:
– Eduardo Gattás (Ciudad Victoria)
– Erasmo González (Ciudad Madero)
– Cruz Pérez Cuéllar (Ciudad Juárez)
– César Iván Sandoval (San Luis Río Colorado)

CASOS DE ALTO PERFIL
Entre los casos más notables se encuentra el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, quienes sufrieron la cancelación de sus visas por presunto lavado de dinero a través de contratos relacionados con el narcotráfico. Además, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido durante 14 horas en la frontera estadounidense, acusado de apoyar una estructura municipal controlada por el crimen organizado.

RED FINANCIERA ILÍCITA Y VÍNCULOS CON MORENA
Las investigaciones apuntan a que al menos 15 de los 44 funcionarios señalados están involucrados con la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”, liderada por Sergio Carmona Angulo, quien ha sido vinculado como financista de campañas del partido Morena en el noreste del país.

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE EE. UU.
Se destaca también la colaboración del exfiscal de Baja California, Ruiz Hernández, quien huyó tras recibir amenazas, y el senador Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y ciudadano estadounidense, quien presentó evidencia en Washington D.C.
Las implicaciones políticas de esta lista han generado controversia tanto en México como en Estados Unidos, al señalar a figuras relevantes de la vida pública mexicana, principalmente ligadas al partido gobernante Morena. Las medidas impuestas podrían tener un impacto significativo en la relación binacional, especialmente en el ámbito político y de seguridad.

RETIRO DE VISA DE EE.UU. A GOBERNADORA ES “CACERÍA” DE POLÍTICOS MEXICANOS: AQUÍ LA “LISTA NEGRA”
Luego de Estados Unidos le retiró la visa a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Morena en Baja California, analistas apuntan que se trata de una “cacería” de políticos mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump y revelan una “lista negra” con nombre de funcionarios y personajes conocidos.
La medida, calificada por la mandataria del estado que se localiza en la frontera norte de México, como producto de un “contexto binacional complejo”, sería el inicio de lo que la administración de Trump está dispuesta a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por asuntos de corrupción y/o colusión con grupos criminales, particularmente con los cárteles de la droga que son considerados organizaciones terroristas.
Y es que, tras el anuncio de este domingo, la funcionaria “no podrá regresar a su verdadero lugar de residencia: San Diego, California en EE.UU., a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna”, advierte Mario Maldonado.
En su columna titulada El caso de Marina del Pilar y las investigaciones en EE.UU., agrega que la decisión de Estados Unidos volvió a encender las alertas dentro del gobierno mexicano, porque fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas “sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado”.
Aunque en fecha reciente se informó sobre la retención en EE.UU. de José Alberto Granados Fávila, alcalde por Morena en Matamoros, a quien vinculan al “huachicol fiscal”, a quien tras un interrogatorio del FBI y la DEA le cancelaron la visa y lo dejaron ir hasta la madrugada del pasado viernes 18 de abril.

RETIRO DE VISA DE EE.UU. A GOBERNADORA Y SU ESPOSO: ESTÁN EN “LISTA NEGRA”
Mario Maldonado afirma que la frecuencia con la que Marina del Pilar Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera fue una de las razones de las indagatorias contra esta pareja y además “serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres” en EE.UU.
También dice que los bienes de la gobernadora se encuentran a nombre de su pareja y “éste, a su vez, tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, operadores de restaurantes y bares en el estado”.
Y esta presuntas “irregularidades en el patrimonio de Marina del Pilar y su posible relación con el crimen organizado” ya habían sido denunciadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien “al parecer se convirtió en informante del FBI para no ser investigado”.
Mario Maldonado anticipa sobre la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, pero en esto coincide el articulista Salvador García Soto, quien en su artículo La lista de Marco: políticos mexicanos en la mira de EE.UU., refiere un listado de políticos mexicanos que tienen relaciones con los cárteles de la droga.
Añade que el gobierno de Estados Unidos habría “exigido medidas como la entrega o procesamiento de una larga lista de políticos mexicanos, la mayoría de Morena, a quienes el Departamento de Estado tiene ubicados como colaboradores o beneficiarios del dinero de los cárteles de la droga”.