En un controversial suceso, la gobernadora de Baja California ha sido acusada de utilizar recursos públicos para transportar a ciudadanos desde Mexicali hacia el municipio de Tijuana. El objetivo de esta movilización es la celebración de un evento en el fraccionamiento Mariano Matamoros, donde se simulará un apoyo incondicional hacia su administración.
Fuentes cercanas al evento informaron que los asistentes fueron convocados con promesas de apoyo y beneficios, generando preocupaciones sobre la legalidad y la ética de utilizar fondos del estado para fines políticos. La gobernadora, que enfrenta críticas por su falta de visa, ha defendido sus acciones asegurando que busca fortalecer el vínculo con la ciudadanía.
La situación ha generado un debate intenso sobre el uso de recursos gubernamentales y la transparencia en la gestión pública, con la oposición exigiendo una investigación sobre la procedencia de los fondos y la legitimidad de la movilización de las personas.
Baja California Decide 
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