Baja California Decide

Redacción: Roberto Ramírez

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad, autoridades de los tres niveles de gobierno han comenzado a implementar retenes policiales de manera sistemática, lo que ha generado un debate en torno al respeto de los derechos ciudadanos. Varios colectivos ciudadanos han denunciado que esta estrategia trata a la población como posibles delincuentes, lo que podría tener profundas implicaciones en la confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

Fuentes cercanas apuntan a que se están evaluando modificaciones al artículo 16 de la Constitución, lo que permitiría a cualquier persona uniformada realizar detenciones y registros en vehículos y pertenencias sin el debido proceso. Esto incluye la facultad de entrar a domicilios y revisar espacios privados, tales como colchones, clósets y cajoneras, provocando así un revuelo en el ámbito legislativo y social.

La preocupación entre los ciudadanos se intensifica al entender que el actual marco legal protege su integridad y privacidad, lo que podría verse comprometido con tales reformas. Organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a estas medidas, argumentando que vulneran las libertades individuales y fomentan la desconfianza en la aplicación de la justicia.

A medida que se desarrollan estas acciones, es fundamental que la sociedad civil permanezca atenta y exija un diálogo transparente con las autoridades, garantizando así que cualquier decisión que afecte su seguridad y derechos sea tomada en un marco de respeto y legalidad.